Los trabajadores del Estado Vaticano, tanto laicos como religiosos, deberán fichar para dejar constancia de su jornada laboral a partir de enero de 2009. Con el nuevo año también se controlará el rendimiento de los empleados para establecer su retribución.
De forma experimental esta medida ya se ha estado aplicando a lo largo de este 2008 en el Governatorato (el gobierno que gestiona Ciudad del Vaticano ) y será a partir de enero próximo cuando se extienda a todas las sedes del Estado.
La prensa local ha desvelado que con la la misma tarjeta con la que los trabajadores deberán fichar para dejar constancia de su jornada laboral se podrá, además, acceder a los servicios de asistencia sanitaria, a los cajeros automáticos del Banco Vaticano, al mercado, a los comedores y a los distribuidores de gasolina del pequeño Estado.
Evaluación continua para los trabajadores
Evaluación continua para los trabajadores La obligación de fichar ha suscitado el descontento, sobre todo entre los eclesiásticos, ya que algunos temen que exista un control demasiado rígido y no se tenga en cuenta su actividad pastoral fuera del Vaticano. Algunos de los prelados han argumentado que esta medida fue abolida en 1960 bajo el pontificado de Juan XXIII y que su reintroducción es un "paso hacia atrás".
No sólo se controlará las horas que dedican al trabajo sino que cada empleado van a tener también una "tarjeta de valoración" en la que se evaluará su profesionalidad, corrección, dedicación y rendimiento. Servirán para medir el nivel de trabajo de cada uno de los dependientes vaticanos para así poder establecer tanto eventuales aumentos de retribución como sanciones, que podrán llegar hasta el despido.
En el Vaticano trabajan actualmente 2.748 personas: 1.212 hombres y 425 mujeres, 778 sacerdotes, 243 frailes y 90 monjas, para los que el Estado gasta una media de unos 80 millones de euros al año, según el diario La Repubblica.
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